(Spanish version follows the English version below)
The representatives of Costa Rica, Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Switzerland and Sweden show their support to Mexico in efforts to tackle current government subsidies to fossil fuels, focusing now on gasoline and diesel for transportation. While reform is never easy, Mexico has recognized that the conditions both nationally and internationally provide a favorable context for reform.
Over 40 countries, including Mexico, recognized the importance of reforming subsidies to fossil fuels by endorsing an international Communiqué launched in 2015 by a group of countries called the Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform. It calls for a transparent, ambitious and well-supported reform of fossil fuel subsidies. The G20, including Mexico, recognized the need to reduce and reform inefficient subsidies to fossil fuels so as to improve government bank balances, provide government resources to invest in social protection schemes for the poor, and increase efficiency and investment within the energy system. The Paris Agreement which entered into force in November 2016, was adopted by consensus by 195 member countries at the United Nations Framework Convention on Climate Change and sets out a global action plan to attempt to prevent dangerous climate change by limiting global warming to below 2°C. Actions to limit global warming include the reduction or elimination of the use of fossil fuels.
Mexico is not alone in undergoing fossil fuel subsidy reform. 50 countries underwent similar reforms in the last two years, including large economies such as Indonesia and India. All of them took the opportunity of the current low oil price to link their energy prices to world prices. Countries increasingly recognize that fossil fuel subsidies are a poor social welfare policy in that the majority of benefits go to the rich, rather than to the poor. Subsidy reform needs to be undertaken alongside measures that properly protect the poor and vulnerable groups from the impact of higher energy prices.
For example, Indonesia was able to save around USD 15 billion through a combination of fossil fuel subsidy reforms (removing significant gasoline and diesel subsidies). Savings were spread across government ministries, enterprises, regions and villages and aimed at programmes linked to poverty eradication, human development and infrastructure development.
Recent pricing reforms in India, mainly to gasoline and diesel also cut the country’s subsidies bill by USD 15 billion, and subsidy reforms have enabled the parallel implementation of one of the largest cash transfer programmes in the world.
An important step to reforming subsidies to fossil fuels is to understand the scale and nature of them through a thorough review. Mexico and Germany, as G20 countries, are undergoing such a review via a peer-to-peer process. These follow on from China and the US who together, last year identified over USD 20 billion of subsidies to fossil fuels and identified plans to reform these. Peru volunteered to undergo a peer review of its fossil fuel policies by the APEC Peer Review Panel. In order to mitigate the effects on vulnerable groups, the government introduced a cook stove distribution programme (LPG and biomass), introduced an LPG voucher scheme, and expanded an existing conditional cash transfer programme.
Reform of course presents challenges. For example, the Philippines tried to reform subsidies three times in the 1990’s before eventually succeeding. Its package of measures included developing a national social safety net and investing in renewable energy. The Philippines example, and the many other experiences across the world, show that reform can be successfully undertaken using established practices. Key among these are that the poor and other vulnerable groups are safeguarded, that the pace of reform is ideally gradual and that savings are used to support national development goals.
Many countries including Mexico have understood that today’s low oil prices present an opportunity for reform of their fossil fuel subsidies. These reforms result in savings that can be used to build better social protection schemes and more efficient and cleaner energy systems.
We the undersigned country representatives strongly support Mexico’s and other countries’ efforts to reform fossil fuel subsidies and we strongly encourage these reforms to be undertaken according to the three basic principles outlined in the international Communiqué: increased transparency around fossil fuel subsidies; ambitious reform; and targeted support to ensure reforms are implemented in a manner that safeguards the poorest.
Los representantes de Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza muestran su apoyo a México en sus esfuerzos por abordar los actuales subsidios gubernamentales a los combustibles fósiles, centrándose en la gasolina y el diésel para el transporte. Si bien la reforma nunca es fácil, México ha reconocido que las condiciones tanto a nivel nacional como internacional proporcionan un contexto favorable para la reforma.
Más de 40 países, entre ellos México, han reconocido la importancia de reformar los subsidios a los combustibles fósiles mediante el respaldo de un Comunicado internacional (el “Communiqué”) lanzado en 2015 por un grupo de países llamado Amigos de la Reforma de Subsidios a los Combustibles Fósiles. Este grupo pide que la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles sea transparente, ambiciosa y esté bien respaldada. El G20, entre ellos México, ha reconocido la necesidad de reducir y reformar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles para mejorar los saldos financieros del gobierno, proporcionar recursos gubernamentales para invertir en planes de protección social para los pobres y aumentar la eficiencia e inversión dentro del sistema energético. El Acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre de 2016, fue adoptado por consenso por 195 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y establece un plan de acción mundial para prevenir el cambio climático peligroso, limitando el calentamiento global a menos de 2°C. Las acciones para limitar el calentamiento global incluyen la reducción o la eliminación del uso de combustibles fósiles.
México no es el único país en someterse a la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles. 50 países experimentaron reformas similares en los últimos dos años, incluyendo grandes economías como Indonesia e India. Todos ellos aprovecharon la oportunidad del actual bajo precio del petróleo para vincular sus precios de la energía a los precios mundiales. Los países reconocen cada vez más que los subsidios a los combustibles fósiles son una política deficiente de bienestar social, ya que la mayoría de los beneficios se destinan a los ricos y no a los pobres. Es necesario emprender una reforma de la subvención acompañada de medidas que protejan adecuadamente a los grupos pobres y vulnerables del impacto causado por la subida de los precios de la energía.
Por ejemplo, Indonesia pudo ahorrar alrededor de 15 mil millones de dólares americanos a través de una serie de reformas de los subsidios a los combustibles fósiles (eliminando importantes subsidios a la gasolina y al diésel). Los ahorros se distribuyeron entre los ministerios, las empresas, las regiones y las aldeas, y se dirigieron a programas relacionados con la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y el desarrollo de infraestructuras.
Las recientes reformas de precios en la India, principalmente de gasolina y diésel, también redujeron la factura de subsidios del país en 15 mil millones de dólares americanos, y las reformas de subsidios han permitido la implementación paralela de uno de los mayores programas de transferencia de efectivo en el mundo.
Un paso importante para reformar los subsidios a los combustibles fósiles es entender la escala y la naturaleza de los mismos a través de una revisión exhaustiva. México y Alemania, como países del G20, están siendo sometidos a una revisión de este tipo a través de un proceso “peer-to-peer”. Estos países siguen a China y Estados Unidos, quienes el año pasado identificaron más de 20 mil millones de dólares americanos de subsidios a combustibles fósiles así como planes para reformarlos. Perú se ofreció voluntariamente a someterse a una revisión por pares de sus políticas de combustibles fósiles por el Panel de Revisión por Pares del Foro de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC). Con el fin de mitigar los efectos sobre los grupos vulnerables, el gobierno introdujo un programa de distribución de cocinas (GLP y biomasa) y un sistema de vales GLP, y amplió un programa de transferencia de efectivo.
Es por supuesto que la reforma presenta retos. Por ejemplo, Filipinas intentó reformar las subvenciones tres veces en la década de los 90 antes de finalmente tener éxito. Su paquete de medidas incluía el desarrollo de una red nacional de seguridad social y la inversión en energía renovable. El ejemplo de Filipinas, así como el de muchas otras experiencias en todo el mundo, muestran que la reforma puede llevarse a cabo con éxito utilizando prácticas establecidas. Es fundamental que estas prácticas incluyan: la protección a los pobres y otros grupos vulnerables, un ritmo de reforma idealmente gradual y la utilización de los ahorros para apoyar a los objetivos de desarrollo nacional.
Muchos países, incluyendo a México, han comprendido que los actuales bajos precios del petróleo presentan una oportunidad para la reforma de sus subsidios a los combustibles fósiles. Estas reformas generan ahorros que pueden utilizarse para construir mejores sistemas de protección social y sistemas energéticos más eficientes y más limpios.
Nosotros, los representantes de los países abajo firmantes, apoyamos firmemente los esfuerzos llevados a cabo por México y otros países para reformar los subsidios a los combustibles fósiles, y alentamos firmemente que estas reformas se realicen de acuerdo con los tres principios básicos del Communiqué: mayor transparencia en torno a los subsidios a los combustibles fósiles; ambición en la reforma; y apoyo específico para asegurar que las reformas se implementen de una manera que proteja a los más pobres.